En Piura, más del 40% de niños y niñas menores de 5 años tienen anemia y el 21% padece de desnutrición crónica. Sin embargo, hasta ahora el Congreso de la República no se atreve a debatir y aprobar las propuestas de ley sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional y, y sobre Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.
Elena Castillo Domínguez, del grupo de Soberanía Alimentaria de Piura, indicó que estas cifras son muy preocupantes, “además, si hablamos de agua clorada, en las zonas rurales de Piura no llega ni al 1%. Una cifra preocupante es que tenemos una tasa de pobreza de 35% y pobreza extrema de 8.3%. Entonces esto debe llamar la atención del Congreso de la República para aprobar estas 2 leyes y poder emprender políticas que ayuden a reducir estas cifras”.
Al respecto, Rosario Romero, de Forum Solidaridad, indicó que como parte civil se está incidiendo e informando para hacer escuchar la voz de los agricultores.
“Desde hace 3 semanas uno de estos proyectos de ley está en el segundo lugar de agenda para ser debatida en el Congreso de la República, pero se viene postergando por priorizar otros temas. Entonces seguimos insistiendo en el Poder Legislativo con mucha fuerza, y también en el poder ejecutivo con el Ministerio de Agricultura”, puntualizó.
Durante el Foro Regional “Agricultura Familiar y Seguridad Alimentaria en la Agenda Pública Nacional, Regional y Local”, realizado recientemente en Piura, se conocieron experiencias de familias agriculturas y pesqueras, quienes demandaron la aprobación de estas normas y una real atención a las poblaciones que con sus productos orgánicos aportan a la alimentación y nutrición.
Una de las conclusiones del foro, que congregó a cerca de 100 productores de la sierra y la costa, es que, además de demandar la aprobación de estos proyectos de ley, se implementen políticas de Estado multisectoriales para atender a las familias rurales y agricultoras.
No basta atender desde el sector agricultura, las familias rurales también necesitan buenas vías de comunicación, servicios básicos como luz, agua y saneamiento, para que puedan darle un valor agregado a sus productos y sirvan para la alimentación de las familias de la región.
Además se demandó priorizar la propiedad de la tierra para los pequeños productores. Un claro ejemplo es el caso de La Matanza en la provincia de Morropón, donde los pobladores si bien se sienten orgullosos del proyecto Alto Piura, temen ser desalojados y que las tierras que ocupan sean vendidas a grandes empresarios.
“Somos 16 asociaciones de la ex hacienda Pabur. Somos más de 3 mil familias. Dicen que nos van a reubicar pero no sabemos a qué lugar. No queremos que nos saquen para vender las tierras a los grandes empresarios, por qué no nos dan esa oportunidad a nosotros de ser los propietarios”.
Apoyo de la FAO
Al respecto, Fanny Montellanos, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indicó que desde este organismo se viene impulsando espacios de diálogo entre el sector público y la sociedad civil.
Destacó los avances logrados en Piura, como es la aprobación de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ERSAN), y que necesita implementarse, “nos sumamos en este trabajo y queremos apoyarlos en la implementación con la asistencia técnica. Queremos que la experiencia de Piura se conozca en Lima, porque Piura va a servir como un referente para las acciones que se quieran implementar en otros sectores y regiones”.
Añadió que ya se viene trabajando algunos proyectos con el apoyo del Gobierno Federal de Brasil, y que involucra a sectores del ejecutivo como el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.