Mujeres exigen medidas que garanticen acceso a justicia ante violencia sexual

Las mujeres víctimas de violencia sexual demandan reformas judiciales administrativas y procesales que garanticen el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. Así las demandas de las mujeres es que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben efectivizar medidas de no revictimización y protección para las víctimas.

“El sistema de justicia es todavía hostil con las mujeres que denuncian, no las acoge, por eso muchas abandonan el proceso, y las denuncias terminan sin sentencia”, indicó María Ysabel Cedano, abogada de Demus.

Entre los años 2008 y 2010 el Ministerio Público recibió 71,225 denuncias por delitos contra la libertad sexual a nivel nacional. En el 2011 sumaron 8,189 denuncias en Lima y Callao. Sin embargo la brecha entre la magnitud de los casos declarados, que se llegan a denunciar e investigar y los que llegan a sentencia es abismal. Prejuicios y estereotipos de género en el sistema de justicia rodean de impunidad a este delito que es una de las peores y sistemática formas de violencia contra las mujeres.

Por lo que una de las principales demandas de las mujeres es que la Academia de la Magistratura incorpore la perspectiva de género en su línea de formación fundamental obligatoria, y que se desarrolle de forma descentralizada (Junín, San Martín, Arequipa y Cajamarca) y que el Consejo Nacional de la Magistratura evalúe y considere a quiénes manejen la perspectiva de género e intercultural, para reducir los estereotipos y prejuicios machistas en la investigación y resolución de los casos.

Las víctimas mediante la iniciativa Diálogo Ciudadano que promueven Demus y organizaciones de mujeres a nivel nacional, regional y local demandaron además mejores condiciones para declarar en su idioma materno (caso Huancavelica), medidas para que declarar por única vez, en salas acondicionadas para que haya condiciones de privacidad, y mejor aún se requiere la creación y ampliación del número de Camaras Gessell y su uso en casos de violencia sexual de mujeres adultas. En Huancavelica no existe este mecanismo. En Arequipa, con más de 23 mil casos declarados, sólo hay una sola. En Cajamarca, con más de 24 mil casos declarados sólo hay 2.

También demandaron otorgamiento de medidas de protección efectivas para de este modo garantizar el derecho a la seguridad. Para ello, se debe fortalecer la unidad de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público. Cabe destacar que para que estas propuestas se concreten se requiere de incrementos presupuestales que el Ministerio de Economía y Finanzas debe atender.

“Se debe priorizar medidas que garanticen una declaración única de las víctimas con valor probatorio ante personal interdisciplinario y calificado. A las víctimas no se les puede llamar a declarar una y otra vez, esa exposición la avergüenza y surgen amenazas de parte de los agresores por lo que demandan privacidad y seguridad en el proceso”, dice Cedano.

“Otro problema identificado es que los jueces en algunas regiones como Cajamarca, San Martín y Junín justifican la violación a una menor de edad, bajo el argumento de que es la cultura y costumbre de la zona, y los hombres terminan siendo absueltos por una interpretación errada, cuando toda relación sexual con una menor de 14 años debe ser penada según la norma”, señala Cedano. Por ello, en Cajamarca, las mujeres han demandado que se estreche el trabajo con las rondas femeninas rurales.

Diálogo Ciudadano es un espacio impulsado por Demus y diversas organizaciones de mujeres en 6 regiones del país donde se vienen recogiendo las demandas y propuestas de mujeres que sufren violencia sexual. En todas las regiones se ha demandado su institucionalización cada 25 de noviembre.

Cifras

Más de 600 mil mujeres fueron víctimas de violación sexual de parte de sus compañeros, esposos, conviviente, según ENDES 2012, INEI.

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