El Paquete Económico Ambiental aprobado por el Ejecutivo el pasado 18 de junio ha hecho saltar todas las alarmas en materia de protección ambiental y derechos de los pueblos indígenas. En su informe el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) revela un giro hacia el sur andino, en lo que respecta a inversiones mineras y conflictos. En la macro región sur se concentra el 53% de inversiones mineras, y en las regiones de Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua, y Tacna se concentran algo más del 35% de los conflictos sociales que se producen en el país.
Ante este informe, la OCM alerta de que el Paquete Económico Ambiental, “recuerda a los Decretos Legislativos que desencadenaron el Baguazo”. Además, José De Echave, investigador de CooperAcción, añade que “el paquete apunta a debilitar, casi al nivel de lo absurdo, regulaciones ambientales y toda la institucionalidad que se había intentado construir con mucho esfuerzo, precisamente como respuesta a la creciente conflictividad social que el país ha vivido en los últimos años”.
De acuerdo al Informe de la OCM, este Proyecto de Ley establece un conjunto de medidas tributarias, la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país; debilita las funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM), ejemplo de ello es que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) priorizará temas de educación y difusión de la normativa, dejando de lado su función principal que es la de sancionar por tres años. Asimismo, el MINAM ya no podrá crear áreas naturales protegidas, tampoco fijará los Estándares de Calidad Ambiental y los Límites Máximos Permisibles.
Este paquete es una respuesta a las presiones de los círculos empresariales que desataron una fuerte campaña desde el año pasado, señalando que la economía del país se está desacelerando, incluida la minería. Sin embargo, no se puede ser tan categórico en el caso de este sector: las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas muestran que las inversiones en minería se incrementaron un 18% entre el año 2011 y 2012, superando en el 2013 los 9 mil 700 millones de dólares.
Desplazamiento al sur andino
Una de las particularidades que marcan este momento en el sector es la reducción del número de conflictos así como su intensidad, pues los estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros) no se han reproducido. “No es la primera vez que se produce una caída en el número de conflictos, por ejemplo, entre julio de 2009 y junio de 2011 también hubo un descenso. Desde OCM pensamos que las bases objetivas que explicaban el aumento de conflictos vinculados a las actividades mineras no han cambiado”, explicó José De Echave.
La balanza ha girado hacia el sur andino: Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua, y Tacna concentran algo más del 35% de los conflictos sociales que se producen en el país, la gran mayoría vinculados a la minería; siendo además la macro región sur la que concentra el 53% de inversiones en este rubro del país. De entre ellas, Apurímac encabeza la lista de regiones con mayor número de conflictos socioambientales (64% del total) y con un 68% de su territorio concesionado a la minería. Entre las principales causas de conflictos destacan temas vinculados al acceso y afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento de compromisos asumidos por las empresas y autoridades nacionales, el uso de tierras sin autorización y la creciente actividad minera informal.
Mineros informales
Uno de los conflictos más relevantes que destaca el Informe del OCM es el de los mineros informales y la organización denominada Marcha de los Cuatro Suyos. A pesar del nuevo Decreto Supremo que se promulgó el 20 de abril, por el cual el Gobierno ha puesto en marcha la llamada Etapa de Saneamiento; lo cierto es que los problemas estructurales que han minado hasta ahora el proceso de formalización minera se mantienen y plazos más o menos flexibles no garantizan mayor efectividad.
Estrategias
Respecto a las estrategias de los principales actores pareciera que se aprecia un cambio. “Las estrategias de las poblaciones en casos emblemáticos como Conga, parecen ser de mantenimiento y resistencia, como ocurre en los Guardianes de las Lagunas en las alturas de Celendín y Bambamarca”, explicó José de Echave. Por otro lado, las empresas “buscan recuperar de manera más rápida, posiciones e iniciativas en los territorios para relanzar sus proyectos, es el caso de Conga o Tía María”, añadió.