El máximo órgano del Poder Judicial se pronunció luego de las declaraciones del fujimorista, quien cuestionó fallos judiciales y advirtió con “barrer” el sistema de justicia. La Corte Suprema alertó que cualquier interferencia política vulnera la independencia judicial y perjudica directamente a la ciudadanía.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, emitió un pronunciamiento institucional en respuesta a las recientes declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien criticó duramente a magistrados por no aplicar leyes impulsadas desde el Parlamento y llegó a advertir que se debía “barrer” el sistema judicial.
«La Corte Suprema de Justicia rechaza que se condicionen las decisiones judiciales o se imponga cualquier tipo de censura. Es, asimismo, inaceptable para el Poder Judicial que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean ocasión de amenazas de intervencionismo, la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo», señalan.
«Hacerlo implica destruir el sistema de justicia, cuyo vértice es el Poder Judicial, así como anular la tutela jurisdiccional efectiva a la que todas y todos los ciudadanos tienen derecho. Cuando se interfiere o controla la justicia, el único perjudicado es el pueblo, en especial quienes son más vulnerables», se lee en el comunicado.
El pronunciamiento se produce luego de que Rospigliosi cuestionara públicamente a jueces que rechazaron aplicar la ley aprobada por el Congreso que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, en el marco del caso Cayara, así como tras su denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra una jueza que declaró inaplicables artículos de la denominada ley contra las ONG (Ley APCI).
Asimismo, el congresista fujimorista acusó de “prevaricadores” a los magistrados que no aplicaron la ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad y cuestionara que el Poder Judicial no acate normas aprobadas por el Congreso, pese a que los jueces fundamentaron su decisión en estándares constitucionales y de derecho internacional.
En ese contexto, la Sala Plena manifiesta su rechazo a cualquier intento de instrumentalizar el poder político para influir en la justicia y expresa su preocupación por el impacto que ello tiene en el orden democrático.
«El Poder Judicial rechaza aquellas vedadas prácticas, en especial cuando se pretende exigir o utilizar el poder político para realizar estas conductas contrarias al orden democrático», señalan en el comunicado.
