Con 35 firmas de congresistas de diversas bancadas, se presentó la moción de censura de la parlamentaria Susel Paredes contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez por los audios que revelaban el presunto tráfico de influencias a favor del criminal Miguel Salirrosas, apodado “El Diablo”, que fue sentenciado por pertenecer a la banda criminal «Los Pulpos».
Si bien la moción se impulsó previo a la difusión de los audios contra Santiváñez, la revelación de estos fue el detonante de que se alcanzara las firmas necesarias para que se admita la censura en el Pleno. Ahora, esta deberá ser debatida en el hemiciclo, donde para su aprobación se necesitará contar con 67 votos a favor. Según estimaciones legislativas, este proceso podría darse en octubre, tras la semana de representación.
Argumentos para la moción de censura contra Santiváñez
La moción de censura contra Juan José Santiváñez, ministro de Justicia y Derechos Humanos, cuestiona su idoneidad para el cargo. Uno de sus argumentos es que durante su gestión como ministro del Interior, se le atribuye una falta de eficacia en la lucha contra la inseguridad, con un aumento significativo en los índices de la criminalidad. La situación empeoró a tal punto que el Congreso lo censuró en marzo de 2025 debido a la incapacidad de su gestión para enfrentar la creciente ola de delincuencia.
Además de sus fallados operativos, Santiváñez enfrenta graves acusaciones judiciales, incluyendo tráfico de influencias, abuso de autoridad, y su implicación en una presunta organización criminal vinculada a actos de corrupción como el direccionamiento de contratos públicos, la influencia en ascensos y permanencias de generales de la Policía Nacional, la protección de operaciones mineras ilegales y encubrir actos ilícitos en la administración pública. El ministro está siendo investigado por varios delitos graves y enfrenta una serie de procesos judiciales que incluyen un impedimento de salida del país. Esta acumulación de cargos, junto con la falta de confianza política y ética, ha erosionado su capacidad para liderar el Ministerio de Justicia, sector crucial para la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
La moción de censura destaca la contradicción de su nombramiento tras ser previamente censurado en otro cargo y considera que su permanencia en el puesto representa un riesgo para la administración de justicia en el país. Se argumenta que su posición al frente de la política anticorrupción y de derechos humanos afecta la integridad del Estado de Derecho y la transparencia del gobierno.