Solicitan a Primer Ministro canadiense regular acciones de empresas mineras

Más de 190 organizaciones basadas en América Latina, Europa y los Estados Unidos entregaron hoy al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, una carta pública instando a que su gobierno promueva reformas legales y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo, principalmente en América Latina.

Lupo Canterac, coordinador de la Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia de Piura, indicó que el apoyo diplomático y financiero del estado canadiense a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), así como en audiencias públicas realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tales pronunciamientos refuerzan las conclusiones de un informe elaborado una coalición de organizaciones de América Latina titulado: “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

Las organizaciones firmantes, de Perú y América Latina, solicitan que Canadá garantice los más altos estándares internacionales en sus políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses. Por otra parte, solicitan también la creación de mecanismos de acceso a la justicia en Canadá para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocados por empresas canadienses puedan ser reparadas por los daños provocados, cuando esto no ha ocurrido en los países que han sido afectados.

Quienes suscriben la carta reconocen los gestos de apoyo hacia un mayor respeto a los derechos humanos manifestados por el gobierno de Justin Trudeau desde su nombramiento como Primer Ministro. Sin embargo, esperan que el discurso de apertura hacia nuevas políticas de derechos humanos se materialice en medidas concretas para que las empresas mineras con sede en Canadá actúen dentro de un marco legal consistente con las obligaciones internacionales del estado canadiense.

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